El próximo primero de mayo será un día festivo para la clase trabajadora de este país, si bien, como se sabe, por razones estrictamente sanitarias, nos veremos obligados a celebrarlo de forma muy distinta que en años anteriores. Ello no impide seguir reivindicando como lo hace ARP, en esta ocasión, para hablar de necesidades imperiosas en el Cuerpo de Policía Nacional, en nuestro deseo de que se impulsen reformas que permitan plena capacidad de negociar y resolver situaciones lesivas para los intereses generales de sus trabajadores. Es el momento, siendo respetuosos con quienes dirigen en estos momentos la lucha contra la pandemia, responsables políticos de los ministerios implicados en su erradicación, de mostrar nuestra solidaridad con colectivos relacionados con la Sanidad y la Seguridad. Colectivos que durante muchos años han sufrido recortes y han sido tratados de forma poco consecuente en sus demandas. En ambos sectores, la implantación de empresas privadas ha desplazado a sus profesionales, recortando y marginándoles a costa de ir reduciendo gastos para el erario público, además de no dotarles de medios materiales, y minimizando su labor como servicios esenciales.

La democratización de la policía española, necesitó la firme voluntad de algunos policías en los comienzos de la transición política en este país, a quienes estaremos eternamente agradecidos, y a la voluntad política de algunos dirigentes con visión reformista, quienes supieron llevar a cabo la transformación de un cuerpo militarizado, políticamente nada correcto con la sociedad en aquellos años, articulando unos acuerdos que sirvieron de forma “constreñida” para dotarle de un “estatus profesional” al actual CPN. Ello ha impedido hasta ahora alcanzar un modelo policial que consagre las necesidades reales de sus trabajadores en materia de representación colectiva.

Cabe recordar que durante el pasado año 2015 se quebró ese avance democrático en la Policía Nacional, poniendo una barrera hasta ahora insalvable a sus funcionarios, impidiendo a los trabajadores/as del CPN la afiliación a sindicatos de clase y la negociación colectiva como el resto de los funcionarios dependientes de la Administración General del Estado. Un claro error político por dirigentes menos reformistas o progresistas, que ha impedido a los policías nacionales, al igual que ocurre con jueces y magistrados, poder ejercer de forma activa los derechos fundamentales reconocidos al resto de funcionarios, y así poder sacudirnos el lastre de nuestro particular “estatus profesional” que en ocasiones permite crear “compartimentos estancos”, y actuaciones censurables, que son necesarias erradicar.

Esta ambigüedad de no poder formar parte de los beneficios reconocidos en el Estatuto Básico de los Empleados Públicos, nos impide hacer uso de los principios generales de la negociación colectiva, su estructura organizativa, las materias objeto de la negociación y los instrumentos para hacerla efectiva. Es una asignatura pendiente de resolver por la clase dirigente política, ya que en clara contradicción a lo que establece el artículo 104 de la Constitución Española, cuando consagra el deber de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana de las personas, tenemos impedido el acceso a ese derecho constitucional en los términos expuestos.

Ponemos como ejemplo en el CPN acuerdos en materia de Conciliación Familiar y los serios problemas de interpretación dispar en este apartado, que se resuelven sin la debidas garantías por decisiones sin motivar por algunos mandos policiales, restringiendo derechos reconocidos y que han sido negociados por los sindicatos de clase y la Administración central, de forma que, cualquier empleado tiene derecho a la adaptación de la jornada y a solicitar flexibilidad horaria, cambio de turno o incluso teletrabajo, sin necesidad de reducir horas, ni salario. Cuestiones que, sin embargo, siguen suponiendo una constante denuncia en el CPN por los funcionarios/as.

Un último y reciente caso ha sido la modificación en la gestión de las clases pasivas, contemplado en el Real Decreto-Ley 15/2020, de fecha 21 de abril, que sin ningún tipo de diálogo con las organizaciones sindicales del CPN, y con la única reacción por parte de éstas a expresar sus lamentaciones, indican la nula o escasa capacidad de representación que se otorga a los sindicatos del CPN por parte del Ministerio del Interior.

Igualmente cabe recordar, y así lo hemos denunciado desde ARP, la falta de información y desarrollo de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional, en su disposición transitoria primera, régimen transitorio de exigencia de titulaciones, fundamental para la reclasificación al ‘Grupo B’ de la Función Pública de nuestra Escala Básica (categorías de Policía y Oficial de Policía), incluida hoy en el Grupo C1 (título de bachiller o técnico), lo que supondría una significativa repercusión en la cuantía de los haberes reguladores para la jubilación de los compañeros de ambas categorías.

La Agrupación Reformista de Policías, con estos ejemplos, quiere denunciar públicamente que los trabajadores/as de la Policía no tenemos capacidad sindical como el resto de los funcionarios, estando a expensas de que la voluntad política del Gobierno de turno imponga sus condiciones laborales y económicas, sin otra opción para nosotros que acatar decisiones unilaterales. Ante esta realidad, consideramos que una vez que finalice el estado de alarma existente, es urgente y necesario solucionar el problema referido a través de una MEDIACIÓN LABORAL, evitando la sumisión a las reglas existentes en el Consejo de Policía. La cúpula policial presente en este tipo de reuniones, elegidos como personal de confianza de la D.G.P. en nada favorecen al grueso de los trabajadores/as del CPN, que son los que están a pie de calle.

Por ello, desde ARP entendemos que es necesario, y exigimos, abordar dos fases de entendimiento puntual:

Primera Fase.-

A) Cierre definitivo del tercer tramo del Acuerdo de 12 de marzo de 2018 entre el Ministerio del Interior y determinados sindicatos de Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil.

B) La apertura de un nuevo acuerdo, exclusivamente para solucionar la situación económica del personal de segunda actividad sin destino, que como se sabe, es un punto irrenunciable por parte de una inmensa mayoría de la representación sindical del CPN, y del conjunto de sus trabajadores/as, quienes, de forma solidaria, estarían dispuestos en estos momentos a hacer un frente común para solucionar la situación marginal en que en el referido acuerdo les ha dejado.

Segunda Fase.-

C) A partir de ese escenario, y con la voluntad política de la convocatoria de una mesa intersindical con presencia de todos los sindicatos policiales, y aquellos denominados de clase, algunos de los cuales (CC.OO y U.G.T) actualmente mantienen acuerdos de colaboración con determinados sindicatos policiales denominados representativos (SUP y UFP), los que de forma implícita conocen nuestra problemática, se deben abordar los cambios necesarios en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional, al objeto de poder reconocer el libre derecho de sindicación en el CPN y a la negociación colectiva, que estaría sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia.

Otros colectivos, como Policías Locales y Autonómicas, sí accedieron a esta posibilidad y, sin ningún tipo de dudas, han alcanzados logros que en estos momentos son referencia para los sindicatos del CPN y determinadas formaciones políticas próximos a estos, en sus demandas ante el actual Ejecutivo. Lo que no es sino una confirmación implícita de que las FCSE necesitan adaptarse de una vez por todas a la realidad del país, y empezar a tratar de forma eficiente las mejoras necesarias para diseñar el modelo de representación sindical deseado. Y ello, sin tener que recurrir a discursos diseñados para seguir uniendo, a través de simbolismo y populismo, ideologías y consignas corporativas, un clásico y claro error sindical, que nos viene perjudicando a todos los que no estamos dispuestos a emplear ese mismo lenguaje, y que hasta la fecha no nos ha permitido alcanzar la finalidad que se pretendía de equiparación salarial con los cuerpos policiales autonómicos.

Necesariamente debemos poner fin a las distinciones de clases por sectores y categorías profesionales, en unas elecciones sindicales que solo pretenden seguir dejando en un estatus profesional marginal a las clases más desfavorecidas en la Policía Nacional, escalas básicas y subinspección, que, pese a ser mayoritarias y soportar el grueso de la actividad profesional del Cuerpo, continúan infravaloradas en la mayoría de aspectos profesionales y sufriendo las decisiones de algunos mandos policiales contrarios a cualquier reforma sindical.

La ambigüedad entre trabajadores y funcionarios en el CPN, con un estatus profesional ligado a una inmovilidad corporativa, ahoga y asfixia cualquier iniciativa sindical distinta a la actual. Por ello, este 1º de Mayo necesitamos que los policías empiecen a comprender nuestra propuesta, nuestro firme convencimiento de dar un paso al frente, apoyado por sectores sociales, sindicales y formaciones políticas del país dispuestas a ello, dejando atrás miedos del pasado y siendo conscientes de que tenemos una obligación con las futuras generaciones.

El derecho de libre sindicación de policías y guardias civiles, jueces y magistrados, entre otros colectivos, será la senda obligada para obtener una nueva legislación, y conseguir otras vías de actuación profesional y sindical. Ello permitirá a la sociedad tener unos servicios más cercanos, cuyo claro ejemplo se ha materializado a través de las distintas escenas que en estos momentos vivimos en nuestros barrios, calles y plazas, de las que debemos estar orgullosos todos. En ese camino de obligado recorrido, apelamos a quienes tienen el poder de decisión en el Parlamento español para que atiendan esta justa y necesaria reivindicación de un sector reformista de la Policía Nacional española que aspira a que se nos reconozcan los mismos derechos de representación sindical que al resto de funcionarios y trabajadores dependientes de la Administración General del Estado.

                                               El Órgano Coordinador de ARP